Delitos tributarios y de seguridad social
Evasión, apropiación indebida de cotizaciones e ICMS. La defensa integra la esfera administrativa con la penal y usa el pago y el fraccionamiento como instrumentos.
Penal económico · empresas y directivos
En derecho penal la responsabilidad es personal: quien decidió, quien ejecutó y quien debía haberlo impedido. Defender empresas pasa por delimitar esas posiciones con documentos y por reducir riesgos antes de que se conviertan en investigación.
En Brasil, la persona jurídica solo responde penalmente por delitos ambientales. En los demás casos, responden las personas físicas que practicaron u ordenaron la conducta, o que tenían el deber legal de evitarla y podían hacerlo. La acusación debe individualizar la participación de cada directivo o socio; las acusaciones que atribuyen el hecho a todos los administradores solo por el cargo se consideran genéricas y pueden rechazarse.
Página para empresas, consejos de administración, socios, directivos, responsables de compliance y asesorías jurídicas internas que enfrentan una investigación o quieren reducir la exposición penal. Actuación en todo el Estado de São Paulo, Brasil, incluidas comarcas del interior y del litoral, con reuniones presenciales en São Paulo (oficinas de Paulista y Tatuapé) o por videollamada.
Evasión, apropiación indebida de cotizaciones e ICMS. La defensa integra la esfera administrativa con la penal y usa el pago y el fraccionamiento como instrumentos.
Cárteles, fijación de precios y fraude en licitaciones. Las investigaciones del CADE, del Ministerio Público y de la policía pueden correr en paralelo.
Productos inadecuados, publicidad engañosa y fallos en servicios esenciales generan responsabilidad penal de quien decidió.
Único caso de responsabilidad penal de la propia empresa. Licencias, informes y conductas de agentes son el centro de la defensa.
Accidentes graves y condiciones degradantes pueden generar investigación por lesiones, homicidio imprudente o reducción a condición análoga a la esclavitud.
Esclarecer los hechos antes que las autoridades permite decidir con información. La investigación debe preservar el secreto profesional y los derechos de los implicados.
Los poderes amplios sin supervisión transfieren el riesgo a quien firma. Niveles de decisión claros protegen a los directivos y a la empresa.
Contabilidad, fiscalidad y operación diciendo cosas distintas son la materia prima de las acusaciones. La coherencia documental es preventiva.
Las respuestas a inspecciones y al Ministerio Público se convierten en prueba. Deben revisarse con mirada penal antes de enviarse.
Identificación de las áreas de riesgo, de los responsables de cada decisión y de los procedimientos ya existentes.
Ajuste de niveles de decisión, políticas y canales de denuncia con efecto en la esfera penal, además de formación de gestores.
Actuación en operaciones, declaraciones, acuerdos y defensa procesal, con comunicación alineada.
Los programas de integridad solo reducen el riesgo penal cuando son efectivos. Los documentos de fachada, sin aplicación real, tienden a agravar la situación en una investigación.
Puede incluirse en acusaciones genéricas, pero la jurisprudencia exige descripción individual de la conducta. La defensa demuestra, con actas y poderes, quién administraba efectivamente.
La clemencia de la Ley 12.846/2013 trata de la persona jurídica. La protección de las personas físicas depende de acuerdos específicos en la esfera penal, negociados por separado.
En muchos casos sí, para decidir con información. La investigación interna debe respetar los derechos de los implicados y conducirse bajo secreto profesional para que pueda fundamentar decisiones de la defensa.
Legislación brasileña de referencia. La exposición concreta depende del sector, de la estructura societaria y de las decisiones documentadas.
Describa la situación por el canal seguro. La evaluación identifica quién está expuesto, la etapa de una eventual investigación y las medidas preventivas procedentes.